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ÓPTICA JURÍDICA
Para Bustamante Alsina (1) daño ambiental "es una expresión ambivalente, pues designa no solamente al daño que recae en el patrimonio ambiental sino que se refiere también al daño que el medio ambiente ocasiona de rebote a los intereses legítimos de una persona determinada, configurando un daño particular que ataca un derecho subjetivo y legítimo al damnificado para accionar en reclamo de una reparación o resarcimiento del perjuicio patrimonial o extra patrimonial que le ha causado". En nuestro país los problemas, analizados anteriormente a nivel mundial, están avalados a nivel nacional, provincial y municipal. A continuación haremos hincapié en cada uno de ellos.
La constitución de 1853 enuncia a los llamados derechos individuales que constituyen los derechos de primera generación, en esta primera etapa del constitucionalismo, no se consideró importante ni prioritario tutelar el medio ambiente. Desde que la sociedad comienza a exigir la protección de otro tipo de prerrogativas, se integran los de segunda generación (civiles y políticos)

Las posteriores agresiones que el sistema imperante produjo sobre el medio ambiente, dieron origen a los derechos de tercera generación. La temática ambiental tomó rango constitucional, primero implícitamente, en el Art. 33, y posteriormente, en forma expresa, a través del reformado Art. 41, que reza:

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley." "Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales…"


En la actualidad, entonces, la herramienta prevista por nuestra Carta Magna en el Art. 43, la acción de amparo, amalgamada con el nuevo Art. 41, permite la tutela del medio ambiente, por ser el derecho al mismo, una prerrogativa de incidencia colectiva. Con la reforma de 1994, y por intermedio del Art. 43 de la Constitución Nacional, se otorga al habitante un mecanismo concreto y efectivo para la protección inmediata respecto de agresiones al medio ambiente.
En materia de responsabilidad por daño ecológico, existen dos esferas bien diferenciadas en cuanto a la legitimación procesal para reclamar un resarcimiento. Una de ellas encuentra su fundamento en las prescripciones de los artículos 2618 y 2619 del Código Civil (que se refieren a las relaciones de vecindad), mientras que la otra se refiere a aquellas hipótesis de daños ambientales no contempladas en esas normas regulatorias. En ese caso, hay que remitirse al artículo 1113 del Código Civil, una de las tres armas clásicas para imputar responsabilidad por daños ambientales junto con los artículos 1109 y 2618.


El artículo 1113 establece un sistema de responsabilidad objetivo por los daños causados:
"Producido el daño, el dueño o guardián sólo podrá eximirse de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima, o de un tercero por quien no debe responder". En este caso, el que promueve la acción tiene que haber sufrido un daño propio y demostrarlo.
El 1109 fundamenta la responsabilidad de quien provoca el daño:
"…todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño, está obligado a reparar el perjuicio ocasionado". Las conductas culposas son aquellas en las que el agente actuó sin la intención de provocar un daño, pero sin el cuidado necesario para evitarlo.
El artículo 2618 determina que las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares, por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia, aunque mediare autorización para aquéllas. Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la cesación de las molestias o la indemnización de los daños. Este texto resulta insuficiente para atacar problemas derivados de la contaminación que pueden causar los grandes establecimientos industriales.
En el régimen penal, son los artículos 55, 56, 57 y 58 los que regulan las posibles penas a los responsables de un daño ambiental, que puede tener distintas características.

Artículo 55: Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión.
Artículo 56: Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá prisión de un (1) mes a dos (2) años. Si resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será de seis (6) meses a tres (3) años.
Artículo 57: Cuando alguno de los hechos previstos en los dos artículos anteriores se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica (empresa), la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir.
Artículo 58: Será competente para conocer de las acciones penales que deriven de la presente ley la Justicia Federal.

A su vez la Constitución de la Provincia de Buenos Aires expresa en el Art. 28 el derecho de todos los habitantes de la provincia a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo. Aclara además que la provincia ejerce el dominio sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada.

En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovable; planificar el aprovechamiento racional de las mismas, controlar el impacto ambiental de las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso al territorio de residuos tóxicos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la información y a participar en la defensa del ambiente de los recursos naturales y culturales.
Por último en el nivel municipal encontramos lo correspondiente al tema, en la Ley Orgánica de las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, la cual a través del capitulo dos manifiesta los deberes y responsabilidades del municipio. El Art. 24 y 25 establecen que el Consejo Deliberante dictara las ordenanzas y disposiciones correspondientes a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional. A través del Art. 26, promueve acciones preventivas tales como inspecciones, clausuras, restricciones, traslados y allanamientos.
El Art. 27, inciso 1,establece que corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales, en la medida que no se opongan a las normas que al respecto dicte la Provincia y que atribuyan competencia a organismos provinciales. El inciso 3 lo respectivo a la conservación de monumentos, paisajes y valores locales de interés tradicional, turístico e histórico. El inciso 8, se refiere a las condiciones de higiene y salubridad que deben reunir los sitios públicos, los lugares de acceso público y los baldíos.
Con respecto a los casos específicos de contaminación visual, establece que es responsabilidad de este poder municipal, reglamentar la publicidad en sitios públicos a fin de prevenir el acceso del público a espectáculos, imágenes y objetos que afecten la moral pública, particularmente cuando puedan provocar riesgos para la seguridad psíquica y física de los participantes (inciso 15 y 16).
Así el inciso 17 se refiere a la prevención y eliminación de las molestias que afecten la tranquilidad, el reposo y la comodidad de la población, en especial las de origen sonoro y lumínico, así como las trepidaciones, la contaminación ambiental y de los cursos de agua y el aseguramiento de la conservación de los recursos naturales.
Finalmente, el Art. 28, inciso 7, establece que el poder de los municipios de imponer restricciones y limites al dominio para la mejor urbanización, es decir, establecer las zonas industriales y residenciales del partido


1-"Seminario de orientación definida. Nuevas competencias en el derecho municipal argentino" Capitulo III "El daño ambiental desde la óptica jurídica" página 10 volver